El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ha establecido dos tributos temporales con el fin de financiar acciones destinadas a enfrentar la crítica situación de violencia en la zona del Catatumbo, localizada en el noreste del país. Esta decisión se tomó después de decretar el estado de conmoción interior el 21 de enero pasado, una medida excepcional que proporciona al gobierno mayores poderes para tratar emergencias de seguridad, como la que impacta a esta región.
Los tributos, que estarán en efecto desde el 14 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2025, tienen como objetivo obtener los fondos necesarios para abordar las consecuencias de los combates entre grupos armados, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos conflictos han resultado en decenas de fallecidos y han forzado el desplazamiento de más de 50,000 personas, agravando la crisis humanitaria en la zona.
Tributos para costear soluciones inmediatas
Impuestos para financiar soluciones urgentes
El primero de los impuestos creados por el gobierno está dirigido a los juegos de azar en línea, tanto aquellos operados desde Colombia como los gestionados por operadores colombianos en el extranjero. Este gravamen establece una tarifa del 19% como impuesto sobre las ventas, de acuerdo con el artículo 468 del Estatuto Tributario. Además de recaudar ingresos, esta medida incluye la posibilidad de que el gobierno solicite a los proveedores de internet que bloqueen plataformas de juego que operen sin autorización, con el fin de regularizar y controlar este sector.
Alarma interna y acciones extraordinarias
El anuncio del estado de conmoción interior por parte de Petro concede al gobierno la facultad de emitir decretos con fuerza de ley por un periodo inicial de 90 días, el cual se puede extender hasta dos veces, para lidiar con emergencias severas. En el contexto del Catatumbo, esta medida pretende abordar los problemas de violencia causados por los enfrentamientos entre el ELN y diversos grupos armados que actúan en la zona. Estos conflictos han incrementado la inseguridad, impactando de manera significativa a las comunidades locales.
La declaración del estado de conmoción interior por parte de Petro permite al gobierno emitir decretos con fuerza de ley durante un periodo inicial de 90 días, prorrogable hasta dos veces, para hacer frente a emergencias graves. En el caso del Catatumbo, esta medida busca resolver los problemas de violencia derivados de los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados que operan en la región. Estos choques han intensificado la inseguridad, afectando gravemente a las comunidades locales.
Como parte de las acciones gubernamentales, Petro suspendió las negociaciones de paz con el ELN, calificando de «criminales» los actos de esta guerrilla. Por su parte, el ELN ha alegado que sus acciones son una respuesta a supuestas agresiones de otros grupos, incluidos los disidentes de las FARC, y que también son blanco de operaciones de inteligencia militar.
La región del Catatumbo ha sido tradicionalmente un entorno de conflictos armados por la presencia de diversos actores ilegales, tales como guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados organizados. La mezcla de intereses económicos, como el control del narcotráfico y la explotación de recursos naturales, ha sostenido la violencia en esta área, que además enfrenta significativos niveles de pobreza y desatención estatal.
La región del Catatumbo ha sido históricamente escenario de conflictos armados debido a la presencia de múltiples actores ilegales, como guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados organizados. La combinación de intereses económicos, como el control del narcotráfico y la explotación de recursos naturales, ha perpetuado la violencia en esta zona, que también enfrenta altos niveles de pobreza y abandono estatal.
Las medidas anunciadas por el presidente Petro buscan aliviar la crisis humanitaria y devolver la estabilidad a la región. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para implementar de manera efectiva los recursos recaudados y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas. Mientras tanto, la población del Catatumbo sigue enfrentando una compleja realidad marcada por el desplazamiento forzado, la violencia y la incertidumbre.
Los impuestos, que estarán vigentes del 14 de febrero al 31 de diciembre de 2025, buscan reunir los fondos necesarios para hacer frente a las repercusiones de los enfrentamientos entre grupos armados, incluidos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos conflictos han dejado decenas de muertos y han forzado el desplazamiento de más de 50,000 personas, empeorando la crisis humanitaria en la región.
Impuestos para financiar respuestas urgentes
El primer impuesto introducido por el gobierno está dirigido a las apuestas en línea, abarcando tanto las que operan desde Colombia como aquellas manejadas por operadores colombianos en el extranjero. Este tributo establece un 19% sobre las ventas, conforme al artículo 468 del Estatuto Tributario. Además de recaudar fondos, la medida faculta al gobierno para solicitar que los proveedores de internet bloqueen plataformas de juego sin autorización, buscando regularizar y supervisar este sector.
El segundo impuesto, denominado «Impuesto especial para el Catatumbo», afecta a las compañías que extraen hidrocarburos y carbón en el territorio nacional. Estas empresas estarán obligadas a pagar un 1% sobre las ventas de estos productos, independientemente de si se comercializan en el mercado nacional o se exportan. Según lo establecido en el decreto, los recursos obtenidos mediante este tributo se dedicarán exclusivamente a cubrir los costos del Presupuesto General de la Nación relacionados con la gestión de la crisis en el Catatumbo.
Advertencia interna y medidas excepcionales
La declaración del estado de conmoción interior por parte de Petro permite al gobierno promulgar decretos con fuerza de ley durante un periodo inicial de 90 días, extensible hasta en dos ocasiones, con el objetivo de afrontar emergencias graves. En el escenario del Catatumbo, esta acción busca tratar los problemas de violencia provocados por los conflictos entre el ELN y otros grupos armados que actúan en la región. Estos choques han incrementado la inseguridad, afectando considerablemente a las comunidades locales.
Como parte de las medidas del gobierno, Petro suspendió las conversaciones de paz con el ELN, calificando sus acciones de «criminales». Por su parte, el ELN ha sostenido que sus acciones son en respuesta a supuestas agresiones de otros grupos, incluidos los disidentes de las FARC, y que además son blanco de operaciones de inteligencia militar.
Un esfuerzo por enfrentar la crisis humanitaria
La zona del Catatumbo ha sido históricamente un escenario de conflictos armados debido a la presencia de múltiples actores ilegales, como guerrillas, narcotraficantes y otros grupos armados organizados. La combinación de intereses económicos, como el dominio del narcotráfico y la explotación de recursos naturales, ha mantenido la violencia en esta región, la cual también padece altos niveles de pobreza y abandono por parte del Estado.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instaurado dos impuestos temporales con el propósito de recaudar fondos destinados a la implementación de acciones para enfrentar la crítica situación de violencia en la región del Catatumbo, localizada en el noreste del país. Esta decisión se adoptó tras declarar el estado de conmoción interior el pasado 21 de enero, una medida excepcional que otorga al gobierno mayores facultades para tratar emergencias de seguridad como la que afecta a esta zona.
Los tributos, que estarán vigentes del 14 de febrero al 31 de diciembre de 2025, buscan obtener los fondos necesarios para mitigar las consecuencias de los enfrentamientos entre grupos armados, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos conflictos han resultado en decenas de muertes y han provocado el desplazamiento de más de 50,000 personas, empeorando la crisis humanitaria en la región.
Impuestos para costear respuestas inmediatas
El primer impuesto establecido por el gobierno se dirige a las apuestas en línea, incluyendo tanto aquellas gestionadas dentro de Colombia como las operadas por colombianos en el extranjero. Este tributo impone un 19% como impuesto sobre las ventas, conforme al artículo 468 del Estatuto Tributario. Además de generar ingresos, la medida faculta al gobierno a solicitar a los proveedores de internet que bloqueen las plataformas de juego sin licencia, con el fin de regular y controlar este sector.
El segundo impuesto, denominado «Impuesto especial para el Catatumbo», afecta a las empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos y carbón en el país. Estas compañías deberán pagar un 1% sobre las ventas de estos productos, sin importar si se comercializan en el mercado interno o se exportan. Según lo establecido en el decreto, los recursos generados por este tributo se destinarán exclusivamente a financiar los gastos del Presupuesto General de la Nación relacionados con la gestión de la crisis en el Catatumbo.
Declaración de conmoción interior y medidas excepcionales
La declaración del estado de conmoción interior realizada por Petro permite al gobierno emitir decretos con fuerza de ley durante un periodo inicial de 90 días, prorrogable hasta en dos ocasiones, para enfrentar situaciones de emergencia graves. En el caso del Catatumbo, esta medida busca abordar los problemas de violencia originados por los conflictos entre el ELN y otros grupos armados presentes en la región. Estos enfrentamientos han aumentado la inseguridad, afectando considerablemente a las comunidades locales.
En el marco de las medidas adoptadas por el gobierno, Petro optó por suspender las negociaciones de paz con el ELN, calificando de «criminales» las acciones de esta guerrilla. El ELN, en respuesta, ha sostenido que sus actividades son una reacción a supuestas agresiones de otros grupos, como los disidentes de las FARC, y que también están siendo objeto de operaciones de inteligencia militar.
Un esfuerzo para enfrentar la crisis humanitaria
