La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera que el Gobierno Nacional ha demostrado una respuesta pasiva que ignora el respeto a los derechos constitucionales, ante la crisis que atraviesa el país por el contrato minero.
De acuerdo con el gremio, se ha dejado de gestionar la crisis tanto en las calles, como en la posibilidad de generar acercamientos para mediar una salida a la crisis actual.
“Una vez más, han sido ejemplo de un fallido esquema de comunicación y acción que ha caracterizado los momentos más álgidos de este período”, indica la CCIAP.
El gremio empresarial manifestó que la estrategia parece ser sentarse a ver cómo se arruina cada día la vida y el bienestar de millones de compatriotas, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia emita el fallo en relación con la Ley 406 de 2023.
“Solo quien no comprende o ignora selectivamente el rigor total de los estragos que esta paralización está perpetrando en las vidas de los panameños es capaz de creer que dejando pasar los días, los grupos violentos, radicales y antidemocráticos cederán. No, estos solos no cederán, sino que continuarán atacando con su demagogia y violencia, los fundamentos democráticos de nuestra sociedad”, detalla la CCIAP.
El gremio explicó que la paralización en las calles y las huelgas docentes amenazan a más de 38 mil estudiantes que reprobarán el año y a otros 85 mil que tendrán que repetir materias, según las cifras estimadas por el Ministerio de Educación.
Agregan que esto se suma a las deficiencias que ya arrastraba nuestro deficiente sistema educativo, cuya situación tiene profundas consecuencias en el Desarrollo Humano y la empleabilidad de miles de jóvenes, así como en la propia capacidad del país para enfrentar un futuro altamente competitivo que se requiere para alcanzar el desarrollo, mientras otros países vecinos continúan avanzando.
“Estos desafíos se suman a las pérdidas humanas irreparables y los efectos de los cierres en la movilidad y necesidades básicas de cientos de miles de trabajadores, representando solo algunos de los perjuicios causados por la paralización del país”, destacan.
Además, indicaron que miles de asegurados que están perdiendo sus citas médicas, cientos de pacientes cuyos tratamientos médicos han sido interrumpidos, miles de micro y pequeñas empresas al borde de la quiebra y productores que están siendo condenados a perder el sustento de sus familias y el esfuerzo del trabajo arduo de toda una vida.
De igual manera, mencionaron que la paralización del país, aprovechándose de una protesta legítima y pacífica liderada por la juventud, ha revelado la presencia de organizaciones radicales y políticas, quienes abiertamente o escondiéndose detrás de ellos, promueven de manera intencional y orquestado el caos y la violencia, afectando la vida y los derechos humanos de toda la población.
“Nos solidarizamos con los deseos de la juventud que se manifiesta cívica y pacíficamente, y condenamos a los que evidentemente ignoran los preceptos democráticos de un Estado de Derecho, recurriendo a la violencia como método para atacar las Libertades fundamentales de nuestro Panamá”, dijo el gremio.
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