En medio de la vorágine presupuestaria y las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá vuelve a ser testigo de un espectáculo que revela la falta de compromiso del actual gobierno. El recorte al bono digital y al subsidio a los combustibles no es suficiente y refleja la incapacidad de gestionar eficientemente los recursos del país.
Y en realidad, con todo y el recorte, este presupuesto dista mucho de lo que demandaban los ciudadanos (uno acorde a la realidad actual de Panamá), más bien parece ser una herramienta para sufragar los gastos de campaña de los políticos actuales.
Al analizar la situación, es innegable que La población ya está en su límite, y lamentablemente estos recortes no se traducen en mejoras sustanciales en áreas cruciales. Más bien, con las tijeras del ministro, la pregunta que resuena con más fuerza es: ¿Quién se beneficia de este recorte? La respuesta está en una realidad incómoda: el presupuesto de la Asamblea Nacional, que debería ser de los primeros en dar ejemplo de moderación y prudencia, permanece prácticamente intacto.
Los diputados, con un presupuesto excesivo e inflado, Tuvieron que afrontar recortes importantes. Más bien, parecen blindados contra las medidas de austeridad. El desequilibrio presupuestario es un ejemplo más de la falta de voluntad real por parte de los diputados para compartir equitativamente las cargas económicas y de la falta de visión estratégica.
Mientras la población entiende que la reducción de subsidios es justa y necesaria, el gasto en el Órgano Legislativo parece intocable. Este escenario amplía la brecha de desconfianza entre los ciudadanos y quienes deberían representar sus intereses en el Asamblea Nacional. La falta de empatía con la población sólo refuerza que los diputados están desconectados de las verdaderas necesidades del pueblo. La promesa incumplida de una reducción del 10% en la nómina estatal es sólo un ejemplo más de la falta de seriedad en la gestión de las expectativas ciudadanas.
La indignación crece al conocer los detalles sobre los 400 asesores de la asamblea de diputados y 702 “promotores culturales” a su disposición, con un coste de 6,5 millones. Este tipo de prácticas sólo alimentan la desconfianza y el escepticismo respecto de la transparencia en la gestión de los fondos públicos. Es hora de preguntarse por qué estas cifras no reciben el mismo escrutinio que los recortes a programas sociales esenciales.
TAMBIÉN DEL AUTOR: Retos y reflexiones sobre el presupuesto gubernamental
Los ciudadanos merecen un presupuesto que aborde eficazmente los problemas a los que se enfrentan cada día. No basta con recortar algunos millones aquí y allá, mientras las leyes especiales con 4.500 millones en un quinquenio y el pago de la deuda con 1.100 millones anuales, nos sumergen en un deuda que compromete nuestro futuro. Lo más grave de todo es que estas leyes especiales sólo sirven para proteger a funcionarios que no quieren trabajar o que simplemente no tienen las habilidades para ganarse un reconocimiento de manera justa.
Es hora de una transformación radical en la Asamblea Nacional. La ciudadanía exige diputados comprometidos, transparentes y capaces de gestionar el país con responsabilidad y sensibilidad social.
No podemos permitirnos seguir gobernados por quienes priorizan sus intereses personales sobre el bienestar colectivo. Es tiempo de espacio abierto para nuevas opciones, para líderes comprometidos con el verdadero progreso de Panamá.
