A lo largo de las últimas semanas ha venido quedando claro el ‘giro hacia la derecha’ del presidente Joe Biden frente a dos temas que son de alto impacto en Estados Unidos y con profundas connotaciones para las relaciones bilaterales con Colombia: la inmigración y el tráfico de drogas.
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Por un lado, varios medios en EE. UU. —información confirmada por este diario— han reportado que su administración está considerando restaurar la práctica de encarcelar a familias enteras de migrantes, incluidos menores de edad, que cruzan la frontera ilegalmente.
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Y hace 15 días, el Departamento de Seguridad Interna anunció una nueva regla —que se encuentra en su proceso de consulta pública—, la cual, en la práctica, le cierra la puerta a millas de personas, entre ellos colombianos, que solicitan asilo o refugio si en su periplo hacia EE. UU. no lo hizó antes en los países de tránsito.
Al mismo tiempo, la administración democrática llevó a cabo un acuerdo con México para que permita la deportación masiva de indocumentados provenientes de terceros países.
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Las medidas ciertas han provocado un profundo malestar en sectores de su propio partido que acan los cambios con un regreso a los peores años de la administración de Donald Trump y un incumplimiento de sus promesas de campaña, sin embargo vendio la idea de que bajo su mandato EE. UU. adoptaría una política más humana frente a esta población.
«Estamos regresando a medidas draconianas que van en contra de convenios internacionales y no buscan soluciones de fondo a los problemas sino ‘paños de agua’ para abordar la crisis», decía Melissa Crow, abogada experta en temas migratorios del Centro para el Estudio de los Refugiados.
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Estamos regresando a medidas draconianas que van en contra de convenios internacionales y no buscan soluciones de fondo a los problemas sino ‘paños de agua’ para abordar la crisis.
La administración, por su puesto, las defiende. Insists that his medidas transitorias -dos años- con las que se busca enfrentar de la mayor manera la avalancha record de personas que llegan a la frontera (2.5 millones el año pasado) y poner orden al sistema de solicitudes de asilo y refugio. Alegan, además, son muy diferentes a las de la era Trump, cuando se buscó ponerle candado a la inmigración pero desde una óptica nacionalista y xenófoba. Y si bien tienen un punto, pues Trump pretendó vetar el ingreso de personas originarias de ciertos pagos de mayoría musulmana, no hay duda de que en su nueva aproximación hay más garrote que zanahoria.
En el caso de las drogas, pasa algo similar. Aunque Biden llegó a la presidencia con un discurso que favorecía el tratamiento y la prevención como strategia para enfrentar el consumo, y el desarrollo para combatir la producción, la realidad tanto política como en el terreno lo han forzado a ‘sacar los dientes’. EE.UU. UU. está atravesando nuevamente por una epidemia de consumo de opioides. Según las propias autoridades, la cuarta ola en los últimos 30 años pero una más letal que todas las anteriores.
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De acuerdo con estadísticas de los Centros para el Control y Prévención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), en los últimos 20 años las muertes por sobredosis de opiáceos se han multiplicado por cinco. De menos de 20.000 en el año 2001 a más de 106.000 en el año 2021. Y gran parte de ese incremento se ha dado en los últimos cinco años. El horrible de esas muertes (más del 50 por ciento) se atribuye al fentanilo, una droga sintética hasta 50 veces más potente que la heroína que Produce en China y también México y que se suele mezclar con otras sustancias.
Uno de los grupos de la banda producía y comercializaba 2CB, un opioide sintético, que se enviaba a Estados Unidos y Costa Rica.
Suministrada para autoridades
Pero la cocaína también estaría contribuyendo, y de manera importante. Según los CDC, en 2021 tendremos 30.000 personas descubiertas en EE. UU. por causas conexas a su consumo. En este caso las muertes se habrían multiplicado por seis: de unas 5.000 en el año 2001 a las casi 30.000 de ahora.
Biden en su sobrio discurso sobre el estado de la Unión de mi pasado promete mano dura para enfrentar a los traficantes y un incremento en las sanciones penales, que deben ser aprobadas por el Congreso. Al mismo tiempo, ha subido su retórica contra China, a que le demande hacer más, e hizo lo propio con México.
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Pero sus rivales republicanos, qu’ahora controlan la Cámara de Representantes, lo critican a diario y hasta lo responsabilizan por la crisis actual. El tema se puso color de hormiga esta semana luego del secuestro y asesinato en Mexico de dos estadounidenses a manos de supuestos narcotraficantes.
En el Congreso crecen las voces para que EE. UU. use sus militares para detener el flujo y castigar a las personas a cargo. El senador Lindsay Graham, por ejemplo, preparó un proyecto de ley que declararía a los carteles organizaciones terroristas y abriría la puerta para el uso de uniformados incluso en territorio mexicano.
“No veo cómo termina esta película sin que los militares se involucren para proteger a los estadounidenses que están siendo venenos. Acá se están muriendo 70.000 personas al año por fentanilo. Pero si una organización terrorista como ISIS lanzará un misil desde México y matará a 10 ya los habrámos pulverizado. Esto hay que llamarlo por lo que es. México es un narcoestado fallido y tenemos que actuar”, dijo Graham.
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En el caso de la coca, dado que Colombia Produce, según el Departamento de Estado, el 97 por ciento de la que se consume en EE. UU., el tema también está comenzando a calentarse.
En los informes más recientes de EE. UU. sobre el tema —publicado en exclusiva por este diario— Washington afirmó “mantener un programa robusto de erradicación de cultivos” y ampliar la erradicación voluntaria. Algo que no está sucediendo a esa escalada desde que llegó Gustavo Petro a la Presidencia y puso en remojo la erradicación forzosa en ciertas zonas del país. En Washington, la preocupación es enorme. Muchos espera que en 2022 se confirme un incremento histórico de los cultivos ilícitos superior a las 300.000 hectáreas de coca.
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Cultivos ilicitos en Colombia.
Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
Tan bien la administración ha mostrado paciencia mientras Petro desarrolla una nueva estrategia antinarcóticos, la cifra descomunal, sumado al incremento de muertes por sobredosis, podría acabar con esa ‘luna de miel’ en los próximos meses, sobre todo en la medida que crezca la presión de los republicanos ahora que controlan parte del legislativo y que no comulgan con el presidente colombiano de izquierda.
Aunque las dos crisis son muy reales —migración y drogas—, su manejo se está viendo marcado también por cálculos políticos.
Ambos temas serán ‘caballito de batalla’ de los republicanos durante la campaña electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de 2024, que ya están cogiendo motores. Biden, que probablemente buscará la reelección, es muy consciente de que sus asuntos explosivos y que el ‘garrote’, como estrategia para enfrentarlos, vende más. Al soportar su postura, dicen analistas, está tatando de neutralizar los argumentos en su contra así eso le cueste un poco con la base del Partido Demócrata.
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En todo caso, esta mezcla entre realidad en el terreno y política interna está provocando y un notorio cambio en el tono del presidente y el ambiente que se respira en Washington. Y este se irá agudizando con cada día que pase.
SERGIO GÓMEZ MASERÍ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON