Jerónimo Mejía, quien fue el magistrado que informó el fallo sobre inconstitucionalidad de la antigua ley de contratos, alega que la Ley 406 es inconstitucional
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, se sumó a las voces de juristas que consideran que la Ley 406, que aprueba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, es inconstitucional.
Mejía, quien fue el magistrado que informó el fallo que decretó la inconstitucionalidad del antiguo contrato, centró su argumento en que se encuentra vigente el Decreto de Gabinete No. 267 del 21 de agosto de 1969 y, por tanto, el artículo 1 de la Ley 406 es inconstitucional. Es decir, la norma que aprueba el contrato minero que ha generado una serie de protestas a nivel nacional desde hace más de un mes.
En su alegato, el ex magistrado explica que había sido derogado el Decreto de Gabinete No. 267 de 1969, mediante la Ley 9 de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Petaquilla para la explotación de minerales en el cerro. Petaquilla, que quedó en manos de Minera Panamá.
Sin embargo, alega Mejía, al ser declarada inconstitucional la Ley 9 de 1997 en 2017, el Decreto de Gabinete No. 267 de 1969 recupera su vigencia y cita una sentencia de la Corte Suprema de 2014 en la que concluye que “…la declaración de inconstitucionalidad de una ley que deroga otra produce la reactivación de la norma derogada”.
Mejía incluso cita un fallo de la Sala Tercera de 1993 del entonces juez Arturo Hoyos, en el que concluye que la inconstitucionalidad de una ley, mediante la cual se ha derogado otra ley, pasa a ser válida la norma derogada.
A juicio de Mejía, al estar vigente el Decreto de Gabinete No. 267 de 1969 como consecuencia de la inconstitucionalidad de la Ley 9, el Ministerio de Comercio e Industrias debió convocar a licitación internacional para otorgar la concesión para la explotación del cobre.
“Honorables magistrados, como se puede observar, existen razones legales, jurisprudenciales y doctrinales que acreditan que el Decreto de Gabinete se encontraba vigente al momento de la firma del contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá”, dice el ex magistrado Mejía.
Esta realidad jurídica, agrega, significa que el Estado y Minera Panamá “no pudieron celebrar el contrato de concesión que fue aprobado indebidamente por la Ley 406.
Finalmente, señala que “no hay que temer por las supuestas implicaciones que podría generar una sentencia de inconstitucionalidad”.
