El abogado y ambientalista, Harley Mitchell, analiza el fallo de la Corte Suprema de Justicia y expresó su preocupación por la transparencia respecto del plan de cierre de mina
La abogada y ambientalista Harley Mitchell analiza lo ocurrido en el país a raíz del contrato minero. “Parece que el Gobierno puso todos sus huevos en la actividad minera, en lugar de elaborar un plan B para el desarrollo económico y socioeconómico del país”, afirmó el especialista durante su participación en el programa Portada de La Estrella de Panamá.
A juicio del abogado, hay «absentismo» por parte del gobierno y se refleja en la falta de un plan concreto para el cierre de la mina. «El plan que tenemos en este momento es incipiente», subrayó. En su opinión, parece que ejecutará los lineamientos del estudio de impacto ambiental que se realizó a la mina en 2011, el cual contiene falencias.
Mitchell dijo que estas deficiencias en el estudio de impacto ambiental deben resolverse mediante una auditoría de la mina. «El problema es que el Decreto Ejecutivo N° 57, de 2004, establece que los resultados de esta auditoría son confidenciales y eso no sirve para devolverle credibilidad al gobierno», analizó.
El abogado consideró que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y su gabinete deben recuperar la confianza ciudadana comunicando a la población, detalladamente, cuál será el camino a seguir para cerrar la mina.
«La responsabilidad de lo ocurrido con el contrato minero recae sobre todo en el Gabinete y los diputados, porque traspasaron los límites de la Constitución. Se extralimitaron y omitieron algunas de sus funciones en este proceso», afirmó Mitchell.
El proceso, agregó, de restablecer la credibilidad tendrá que ir acompañado de una investigación profunda de todos los involucrados en la aprobación de la Ley 406.
«Es necesario que ministros como el Ministro de Medio Ambiente (Milciades Concepción) rindan cuentas por lo sucedido. Mi pregunta es qué vamos a hacer con la zona de Donoso, que se creó para contener la minería, cómo se va a «El gobierno va a restaurar esa zona y compensar a sus residentes», cuestionó el abogado.
El arbitraje
Al ser consultado sobre qué debería hacer Panamá ante un posible proceso de arbitraje internacional, Mitchell comentó que lo primero que debería hacer el Ejecutivo es «querer defenderse». «No veo mucho vigor y liderazgo en este tema», lamentó.
El posible arbitraje está siendo utilizado como un «espantapájaros» sobre el sector empresarial porque Panamá nunca ha dependido de la minería para desarrollar su economía.
El problema es la «mala gestión económica de los recursos públicos, que surge de un gobierno que se ha acostumbrado a vivir de la deuda, en lugar de estimular el proceso de creación de riqueza de forma sostenible», añadió el especialista.
Una consecuencia de esta gestión es lo que pasará con los más de 7.000 empleados de la mina, los cuales «deben ser absorbidos en el plan de cierre de la mina», concluyó el especialista.
Responsabilidad ciudadana
El candidato a la Alcaldía de Panamá por vía libre, Iván Blasser, también participó en el programa Portada, en el que habló sobre la minería, el proceso electoral y cómo gestionar la comuna capitalina. Lo ocurrido en la Corte Suprema de Justicia fue la consolidación de un pueblo que «demostró que entendía su responsabilidad cívica y se pronunció en contra del contrato».
“La pregunta que queda por hacerse es cuándo Minera Panamá va a restaurar el daño ambiental que generó, pero para eso el Estado debe realizar una auditoría ambiental a la mina”, agregó.
«Es preocupante el desempleo que generará el cierre, pero Panamá tiene recursos suficientes para emplear a estos trabajadores, sin comprometer su naturaleza», afirmó.
