SPRINGFIELD, Ill. — La Corte Suprema de Illinois confirmó el martes la constitucionalidad de una ley estatal que pone fin a la fianza en efectivo y ordenó su implementación a mediados de septiembre.
El fallo anula la opinión de un juez del condado de Kankakee en diciembre de que la ley violaba la disposición de la constitución que «todas las personas serán obligadas por garantías suficientes».
La presidenta de la Corte Suprema, Mary Jane Theis, emitió la opinión de la corte, aprobada 5-2, diciendo que la constitución «no exige que la fianza monetaria sea la única forma de garantizar que los acusados comparezcan ante la corte para los juicios o la única forma de proteger al público».
La Asamblea General dominada por los demócratas aprobó el plan en enero de 2021 como parte de una revisión radical del sistema de justicia penal del estado. conocida como la ley SAFE-T. Esto siguió al asesinato de George Floyd por parte de la policía en Minnesota la primavera anterior.
La decisión del juez del condado de Kankakee no bloqueó la implementación de la ley, que entraría en vigencia el 1 de enero de 2023. La decisión remitió el asunto directamente a la Corte Suprema, que detuvo su implementación y prometió una resolución rápida.
Se ordena que la ley deje de levantarse 60 días después de la notificación del martes 18 de septiembre de 2023.
Los defensores de la eliminación de la fianza en efectivo la describen como un castigo por la pobreza, sugiriendo que los ricos pueden pagar para salir de la cárcel y esperar el juicio, mientras que los que tienen problemas económicos deben sentarse tras las rejas.
En la primavera de 2020, el Comisión de Prácticas Previas al Juicio de la Corte Suprema de Illinois respaldó firmemente la reforma de la fianza, señalando que se ha descubierto que un acusado que no puede pagar la fianza ve su vida desmoronarse en días: pérdida del trabajo, pérdida de la custodia de los hijos, problemas de salud sin acceso a medicamentos.
Además, la comisión descubrió que tendía a generar acuerdos de declaración de culpabilidad falsos. Los acusados explican que abogar por un delito menor les permite salir antes de la cárcel.
Los críticos han argumentado que la fianza es una forma antigua de garantizar que los acusados liberados de prisión se presenten a los procedimientos judiciales.