El Gabinete de Ministros de Panamá ha requerido a la Asamblea Nacional la prolongación de las sesiones extraordinarias hasta el 26 de junio de 2025. Esta solicitud tiene como objetivo detener los efectos de la Ley 468, recientemente sancionada, que modificó el sistema de intereses preferenciales en créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas.
La regulación 468, sancionada el 24 de abril de 2025, introdujo cambios significativos en el sistema de subsidios para préstamos hipotecarios. Una de las modificaciones más destacadas es la reducción de hasta un 1% en la tasa preferencial y la inclusión del artículo 12, el cual requiere que las entidades financieras evalúen la situación económica del beneficiario entre seis y doce meses antes de que finalice el plazo del subsidio otorgado.
Estas reformas generaron preocupación en el sector bancario y entre los desarrolladores inmobiliarios, quienes argumentaron que las nuevas disposiciones podrían afectar la estabilidad del mercado hipotecario y la accesibilidad a la vivienda para miles de familias panameñas. En respuesta a estas inquietudes, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, explicó que la suspensión propuesta permitiría que la Ley 3 de 1985, la cual no contempla la reducción del subsidio, vuelva a estar en vigor temporalmente. Esta medida tiene como objetivo facilitar la finalización de trámites pendientes para aproximadamente 9,000 familias que buscan acceder a una vivienda propia.
El aplazamiento de la Ley 468 será enviado al Legislativo mediante el proyecto de ley 59-92, el cual se debatirá durante las sesiones extraordinarias. En este momento, la Asamblea Nacional está llevando a cabo sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para la confirmación de designaciones en diversas instituciones del Estado, por lo tanto, añadir este nuevo proyecto demandará una prolongación del periodo legislativo.
El debate ha provocado una discusión acerca de la necesidad de equilibrar las políticas fiscales del gobierno con el respaldo al acceso a la vivienda. A pesar de que el gobierno busca evitar el aumento de la deuda del país, el sector constructor y las entidades financieras subrayan la importancia de mantener incentivos que favorezcan la inversión y el crecimiento de la economía.
La normativa sobre Intereses Preferenciales ha sido fundamental en el desarrollo del sector inmobiliario en Panamá por más de cuarenta años. Su alteración ha creado incertidumbre en el mercado, impactando la aprobación de nuevos préstamos para vivienda y la continuidad de desarrollos de construcción. La pausa provisional de la Ley 468 pretende ofrecer un alivio al sector a medida que se analizan opciones para lograr una reforma balanceada y sostenible de los subsidios.
En los días venideros, es probable que tanto el Ejecutivo como el Legislativo colaboren para hallar una respuesta que se ocupe de las inquietudes de las partes interesadas, asegurando que las familias en Panamá puedan acceder a la vivienda sin poner en riesgo la estabilidad fiscal de la nación.
