Ayer inició el periodo de consultas para el proyecto relacionado con el sistema de seguridad social en Panamá. La Universidad de Panamá presentó una serie de propuestas que no contemplan aumentos de cuotas ni cambios en la edad de jubilación. Estas medidas, de implementarse, podrían incrementar significativamente los fondos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), alcanzando un incremento aproximado de $22.667 millones en una década y $67.778 millones en 20 años.
El rector Eduardo Flores Castro realizó la presentación ante la Comisión de Salud legislativa, donde presentó un análisis realizado por economistas y actuarios de la universidad. Este análisis busca abordar la falta de recursos que enfrenta el IVM, que actualmente demanda $14 mil millones para los próximos diez años.
Las propuestas se centran en cuatro áreas clave: reducir la evasión fiscal, controlar la evasión en el pago de aportes, aumentar la rentabilidad de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) y formalizar el trabajo informal. Estas medidas están diseñadas para fortalecer el programa de pensiones sin recurrir a aumentos en la edad de jubilación u otros cambios paramétricos.
Flores destacó que, según la Dirección General de Ingresos (DGI), la evasión fiscal en 2022 fue de $7.832 millones, equivalente al 10,2% del PBI. Ante esta situación, la universidad propone una reducción de la evasión fiscal del 1,5% del PIB, lo que podría generar alrededor de $18.101 millones en diez años y $53.709 millones en 20 años.
Respecto a la evasión en el pago de cuotas, el rector mencionó que sólo el 75% de los trabajadores del sector privado están registrados en la CSS, dejando al 25% sin cobertura. Incorporar a estos 114 mil trabajadores informales podría generar ingresos adicionales estimados en $2.162 millones en diez años y $5.921 millones en 20 años.
Además, Flores destacó que la rentabilidad de los fondos de la CSS actualmente es del 4%, mientras que los bancos ofrecen el 8%. Aumentar esa rentabilidad en un 2% hasta alcanzar el 6% podría proporcionar 1.578 millones de dólares adicionales en una década y 2.870 millones de dólares en 20 años.
El rector también mencionó que formalizar sólo al 10% de los trabajadores informales, desanimados por la burocracia y las dificultades de afiliación, podría generar ingresos por $968 millones en diez años y $5.278 millones en 20 años.
Por su parte, el economista Juan Jované destacó la incompatibilidad estructural del Proyecto de Ley 163 con las propuestas de la Universidad de Panamá. Afirmó que la ley actual prevé la privatización de los fondos de la CSS a través de la subcontratación, permitiendo que el 75% de los fondos se inviertan en activos del Tesoro de Estados Unidos, en lugar de utilizarse para el desarrollo nacional.
Jované explicó que la universidad ha logrado presentar estas propuestas con recursos propios para realizar análisis comparativos y cuestionó la presencia de ciertos asistentes en la sala de debate, sugiriendo que algunos deberían lamentar las reformas de 2005 que, en su opinión, destruyeron la sistema solidario.
Las consultas en la Comisión comenzaron a las 10:20 horas y el primer orador fue José Enrique Machuca. A lo largo de la sesión participaron alrededor de 24 ponentes, entre ellos el exlegislador Olmedo Guillén, Héctor Baxter, Abelardo Herrera, Raquel Gutiérrez y Sherly Ramos.
Héctor Baxter, en un emotivo discurso, mencionó que tuvo tres días en los que apenas durmió dos horas por la noche. A pesar de no ser un académico, sintió la necesidad de hablar en nombre de esa mayoría silenciosa que anteriormente se había manifestado en las calles y derrotado a las élites.
Sherly Ramos también ofreció una intervención cargada de emoción, preguntando a los diputados y altos funcionarios si alguno de ellos había pasado hambre. «Aquí los presidentes son tratados como dioses, pero son seres humanos con el privilegio de gobernar. Deben hacerlo, sobre todo, en beneficio de los más necesitados», añadió.
El debate en torno a estas propuestas es crucial, dado el contexto actual de la seguridad social en Panamá y la necesidad de reformas que aseguren un sistema sostenible y equitativo para todos los ciudadanos. Las opiniones y análisis presentados en este primer día de consulta reflejan la complejidad del tema y la urgencia de encontrar soluciones viables que beneficien a la población en su conjunto.