Durante este jueves, se realizó audiencia en el Sistema Penal Acusatorio de Santiago conjunto contra tres jóvenes, quienes enfrentaron acusaciones de robo agravado y daños a la sede del Dirección de Investigación de la Policía Nacional de Veraguas.
Estos hechos ocurrieron durante la recientes protestas contra la ley minera en Panamá.
J.uan Ramón Herrera, profesor y abogado de la Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE)compartió su perspectiva con este medio, afirmando que los jóvenes fueron llevados al SPA por los delitos de robo agravado y daños materiales, no vandalismo.
En una entrevista, Herrera cuestionó la solidez de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, expresando que estos eran incipientes y carecían de elementos probatorios suficientes para acreditar la culpabilidad del imputado ante un juez de garantías.
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Herrera señaló que las detenciones y allanamientos realizados por la Ministerio Público en las residencias de los imputados Fueron considerados ilegales por el juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio, al no existir vínculos claros en la comisión de los delitos imputados a la DIJ.
La sede de la institución policial fue vandalizada mientras que una parte considerable de la población santiaguera se manifestó en las calles en oposición a la Ley 406 y al contrato minero en el país.
El maestro Juan Ramón Herrera afirmó durante la audiencia que el fiscal encargado pretendió actuar como un «vampiro», buscando a toda costa culpar a los jóvenes que lucharon en defensa del medio ambiente y contra la ley 406 para impedir la minería a cielo abierto en cualquier parte del país.
considero que estas acciones del Ministerio Público, la DIJ y la Policía Nacional Respondían a una vendetta para encontrar chivos expiatorios, separando a los jóvenes sentados en la banca del Sistema Penal Acusatorio de cualquier implicación.
Los tres jóvenes que aparecieron ena audiencia de imputación y legalización de la detención en el Sistema Penal Acusatorio de Santiago Fueron liberados, aunque se les impusieron medidas cautelares que incluyen reportarse mensualmente durante 30 días, hasta concluir el proceso.
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