La Confianza Comunitaria: Pilar de Proyectos Sostenibles en Perú

Foto De Machu Picchu

Perú: cómo se obtiene licencia social y confianza comunitaria para proyectos sostenibles

La licencia social para proyectos sostenibles en Perú es un proceso dinámico que combina cumplimiento legal, diálogo intercultural, gestión ambiental rigurosa y reparto justo de beneficios. Obtener y mantener esa licencia implica más que permisos formales: requiere confianza verificable por parte de comunidades locales, autoridades regionales y la sociedad civil. A continuación se expone una guía práctica, con marco legal, herramientas y ejemplos peruanos.

Qué es la licencia social y por qué importa

La licencia social es el nivel de aceptación y confianza que la comunidad y otros actores locales otorgan a un proyecto. No es un permiso legal, sino un reconocimiento social que reduce riesgos operativos y reputacionales. Su importancia en Perú es especialmente alta en minería, energía, infraestructura y agricultura por la presencia de comunidades indígenas y rurales, y por la sensibilidad sobre recursos hídricos y territorios.

Marco legal y actores clave en Perú

– Perú ha confirmado su adhesión al Convenio 169 de la OIT, instrumento que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas y exige llevar a cabo procesos de consulta previa. – La Ley N.º 29785 fija el marco que regula la consulta previa a pueblos indígenas u originarios, coordinada por el Estado con la participación del Ministerio de Cultura. – Entre las autoridades y entidades pertinentes se incluyen gobiernos locales y regionales, el Ministerio de Cultura, SENACE encargado de la evaluación de impacto ambiental, OEFA responsable de la fiscalización ambiental, así como fiscalías y la defensoría del pueblo. – Los actores no estatales abarcan comunidades campesinas e indígenas, organizaciones locales, municipalidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y medios locales.

Causas frecuentes de conflicto: lecciones de casos peruanos

– Agua y gestión territorial: inquietud por posibles impactos en manantiales de agua potable y zonas de riego, con ejemplos notorios como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. – Consultas comunitarias percibidas como tardías o insuficientes, lo que alimenta la sensación de imposición y detona manifestaciones. – Escasa claridad respecto a los beneficios económicos y a las oportunidades de empleo para la población local. – Sensación de daño ambiental, sea comprobado o latente, junto con la falta de medidas de mitigación que puedan verificarse. – Canales de comunicación poco funcionales y ausencia de vías accesibles para presentar quejas.

Aprendizajes: proyectos que fallaron lo hicieron por falta de diálogo temprano, análisis intercultural y reparto visible de beneficios. Casos con avances positivos combinaron acuerdos firmados, fondos fiduciarios, contratación local y monitoreo independiente.

Etapas para lograr la licencia social: guía práctica

  • Diagnóstico participativo temprano: identificación de actores, revisión de condiciones socioeconómicas y culturales, establecimiento de una línea base ambiental y recogida de percepciones locales antes de definir la inversión.
  • Diseño conjunto de medidas: elaborar de manera colaborativa iniciativas de manejo ambiental, compensaciones y acciones de desarrollo territorial junto a representantes legítimos.
  • Consulta y consentimiento: cumplir la normativa de consulta previa cuando corresponda y facilitar espacios de diálogo informado que favorezcan el consenso.
  • Acuerdos formales de beneficio compartido: creación de convenios marco, estructuras de gobernanza comunitaria, fondos locales o fideicomisos con normas transparentes y verificables.
  • Contratación y desarrollo de capacidades: metas claras de empleo para residentes, capacitación técnica y fortalecimiento de proveedores locales.
  • Mecanismo de quejas y resolución rápida: disponer de un canal permanente, acceso a mediación independiente y plazos definidos de respuesta.
  • Monitoreo participativo e independencia: publicación de indicadores, auditorías externas e integración de observadores de la comunidad.
  • Gestión adaptativa y transparencia continua: modificar acciones según los resultados y difundir información entendible sobre avances y recursos utilizados.

Instrumentos y métodos específicos

  • Convenios de desarrollo local: acuerdos establecidos entre la empresa y las comunidades que fijan metas claras en infraestructura, salud, educación y empleo.
  • Fideicomisos o fondos de inversión social: gestión autónoma de recursos destinada a iniciativas locales bajo normas previamente consensuadas.
  • Mesas de diálogo y comités mixtos: espacios periódicos con participación comunitaria, municipal y empresarial que generan actas de acceso público.
  • Monitoreo comunitario: mecanismos de control participativo sobre agua, biodiversidad y emisiones, cuyos resultados se difunden abiertamente.
  • Programas de contratación local y encadenamientos productivos: metas definidas para adquirir bienes y servicios de proveedores locales y para fortalecer su formación técnica.
  • Políticas de transparencia: plataformas de información, reportes en idioma local y documentos ambientales auditados por entidades independientes.

Indicadores prácticos para medir licencia social

  • Porcentaje de comunidades con acuerdos firmados y vigentes.
  • Nivel de aceptación en encuestas periódicas de percepción comunitaria.
  • Número y tiempo de resolución de quejas registradas.
  • Empleo local directo e indirecto como porcentaje del total.
  • Monto desembolsado en proyectos de desarrollo local gestionados de forma participativa.
  • Resultados de auditorías ambientales y cumplimiento de planes de manejo.

Resolución de conflictos y gobernanza

– Priorizar mecanismos de prevención: diálogo continuo, transparencia y ejecución visible.
– Si surge conflicto, activar canales independientes de mediación (municipal, regional, defensoría del pueblo o terceros reconocidos por las partes).
– Evitar medidas policiales como primera respuesta; privilegiar negociación con plazos y acuerdos intermedios.
– Incorporar sanciones y cláusulas de revisión en acuerdos para garantizar cumplimiento y adaptación.

Prácticas óptimas del sector

  • Minería: elaboración de planes de cierre anticipado, gestión hídrica respaldada por estaciones de monitoreo comunitarias y acuerdos sobre el uso de rutas junto con compensaciones por el transporte.
  • Energía e hidrocarburos: establecimiento de espacios de diálogo ante efectos en la movilidad, aplicación de protocolos de seguridad alimentaria y definición de mecanismos de contratación dirigidos a proveedores locales.
  • Infraestructura: realización de estudios sociales participativos, implementación de programas para reducir ruido y polvo, además de empleo temporal con prioridad para la población local.
  • Agricultura y agroindustria: provisión continua de asistencia técnica, fortalecimiento de los mercados locales y creación de esquemas de acceso al agua que reconozcan los usos tradicionales.

Ejemplos representativos y lecciones obtenidas

Conga (Cajamarca): la falta de confianza sobre el manejo del agua y una comunicación tardía llevaron a conflictos prolongados; la lección fue la necesidad de diagnósticos hídricos participativos y acuerdos de gestión del recurso antes de promover el proyecto.
Tía María (Arequipa): protestas por percepciones de impactos económicos y ambientales mostraron que la consulta social y la garantía de beneficios concretos a pequeños agricultores son esenciales.
Proyectos con mejores resultados: aquellos que instalaron fondos fiduciarios con gobernanza mixta, contrataron proveedores locales y establecieron monitoreo independiente consiguieron reducir tensiones y obtener niveles más altos de aceptación sostenida.

Checklist operativo para equipos del proyecto

  • ¿Se llevó a cabo un mapeo de actores y se reconocieron líderes con legitimidad?
  • ¿Existe una línea base ambiental y social difundida y explicada en el idioma local?
  • ¿Se elaboraron mecanismos de participación y consulta acordes con la cultura de la comunidad?
  • ¿Hay un fondo o sistema de beneficios con gobernanza clara y sometido a auditorías?
  • ¿Se implementó un canal de quejas accesible y con tiempos de respuesta definidos?
  • ¿Se fijaron indicadores públicos junto con un calendario para el monitoreo participativo?
  • ¿Se incluyó desde el comienzo un plan de cierre y de legado social?

Riesgos de no obtener la licencia social

Los costos pueden manifestarse en el ámbito económico, como retrasos, paralizaciones o pérdida de capital; en el institucional, mediante sanciones o anulación de permisos; y en el reputacional, con la consiguiente disminución de oportunidades de acceso a mercados y financiamiento. En Perú, la gran sensibilidad respecto a los recursos hídricos y a los territorios tradicionales provoca que la falta de licencia social desemboque con frecuencia en conflictos prolongados.

Construir licencia social en Perú exige tiempo, respeto intercultural y transformación de la relación empresa–comunidad hacia la coproducción de beneficios y manejo de riesgos. La combinación de cumplimiento legal (consulta previa, evaluaciones ambientales), medidas tangibles de desarrollo local, transparencia financiera y monitoreo independiente crea las condiciones para que los proyectos no solo sean viables económicamente, sino social y ambientalmente sostenibles. La confianza se gana con hechos verificables, diálogo constante y la capacidad de adaptar los compromisos cuando la realidad lo exige; es una inversión estratégica que protege la viabilidad del proyecto y el bienestar de las comunidades a largo plazo.

Por Mario Betancourt Espino