El proyecto del tren Panamá–Divisa avanza hacia una etapa decisiva, luego de que el gobierno anunciara la elaboración de una lista oficial que incluirá las fincas que podrían verse afectadas por la construcción de la nueva vía férrea. Este registro servirá para delimitar con precisión las propiedades impactadas y será la base para realizar estudios técnicos, negociaciones con los propietarios y definir eventuales expropiaciones.
La construcción del tren, que conectará la Ciudad de Panamá con la frontera con Costa Rica en Divisa, comprende más de 475 kilómetros de ruta. Se espera que esta obra impulse significativamente el desarrollo económico y la integración regional, al facilitar el transporte de pasajeros y mercancías con velocidades máximas proyectadas de hasta 180 kilómetros por hora para pasajeros y 100 para carga.
En esta fase, la elaboración del registro de fincas busca establecer con claridad los límites del terreno que serán intervenidos, tanto en superficie como en subsuelo. Para ello, se contratará un levantamiento catastral detallado que incluirá visitas a los predios, entrevistas a propietarios y análisis topográficos. Esta tarea forma parte de una planificación cuidadosa que prevé también un estudio de impacto territorial para evaluar las posibles repercusiones sociales, ambientales y económicas.
La cantidad destinada para estas labores iniciales sobrepasa los 400 mil dólares, mostrando la intención de asegurar un procedimiento técnico y transparente. Este esfuerzo es respaldado por un plan comunicativo enfocado en informar a las comunidades a lo largo del recorrido, donde las autoridades se comprometen a ofrecer información sobre el progreso del proyecto, los derechos de los propietarios y las formas de atender inquietudes y quejas.
Los pueblos situados a lo largo del trazado del tren, tanto en áreas urbanas como rurales, se alistan para enfrentar las transformaciones que traerá este proyecto. Especialmente, los dueños de terrenos agrícolas han expresado inquietud por las repercusiones que dicha vía tendrá en sus propiedades, comprometiendo no solo el terreno, sino también la disponibilidad de servicios esenciales como carreteras, sistemas de riego y áreas de pastoreo.
La lista oficial permitirá identificar con exactitud las propiedades involucradas, lo que facilitará la negociación de compensaciones económicas o la ejecución de procesos de expropiación cuando sea necesario. Las autoridades han señalado que se respetarán los derechos de propiedad conforme a la legislación vigente, incluyendo la resolución de posibles disputas sobre límites y la revisión de títulos.
Aparte de los elementos legales y técnicos, el procedimiento incluye también valoraciones ambientales y sociales que contribuyen a reducir los riesgos y a planificar medidas de mitigación para salvaguardar el medio ambiente y el bienestar de las comunidades. Estas medidas abarcan la edificación de cruces peatonales, corredores para animales y sistemas de protección contra el ruido y la polución.
El gobierno ha manifestado que el inicio formal de la obra está previsto para principios de 2026, tras concluir esta etapa preparatoria y asegurar la viabilidad jurídica, técnica y social del proyecto. También se trabaja en la coordinación con las instancias legislativas para asegurar el financiamiento necesario, que incluye partidas destinadas a la adquisición de terrenos y contratación de servicios especializados.
Aunque el proyecto es apoyado oficialmente debido a sus ventajas en movilidad y crecimiento económico, ciertos grupos han manifestado inquietudes sobre el proceso de consulta y la claridad en el manejo de las afectaciones a la propiedad privada. Por esta razón, se anticipa que el gobierno fortalezca los medios de diálogo y participación ciudadana para lograr consensos que prevengan conflictos y garanticen una implementación justa.
En resumen, crear la lista oficial de propiedades es una etapa crucial para avanzar en el proyecto del tren Panamá–Divisa. La adecuada realización y gestión de esta lista influirán significativamente en el éxito del proyecto, al buscar un equilibrio entre la demanda de infraestructura contemporánea y el respeto a los derechos de los residentes, así como la preservación del medio ambiente en las áreas afectadas.
