El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves en conferencia de prensa que el país comenzará a multar a los migrantes que ingresen de manera irregular, con sanciones que podrían llegar hasta los 5.000 dólares dependiendo de la gravedad de la infracción. La medida forma parte de una estrategia gubernamental más amplia para enfrentar el creciente flujo migratorio que atraviesa el territorio panameño, especialmente en la peligrosa región del Darién, que conecta Sudamérica con Centroamérica.
Según explicó Mulino, “cualquier persona extranjera que ingrese al país violando los controles migratorios terrestres, aéreos o marítimos será sancionada con multas que oscilarán entre los 1.000 y los 5.000 dólares”. Además, el presidente destacó que los migrantes multados no podrán salir de Panamá sin antes haber pagado la sanción impuesta. Esta obligación fue establecida en un Decreto Ejecutivo publicado recientemente en el Diario Oficial, que también especifica que aquellas personas que no puedan pagar serán deportadas.
El mandatario destacó que estas acciones buscan fortalecer los controles fronterizos y disuadir el ingreso irregular, especialmente en un contexto donde Panamá se ha convertido en un punto clave para el tránsito migratorio hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno reconoció que no todas las situaciones son iguales, y en el caso de los migrantes que crucen desde la frontera con Colombia por la selva del Darién se tendrán en cuenta “condiciones especiales de vulnerabilidad” para que las multas sean ajustadas y accesibles. . Esto permitiría a quienes ingresan por canales informales pagar las sanciones antes de salir del país.
El anuncio de estas medidas se produce en un momento en el que la migración irregular ha disminuido, aunque sigue siendo un desafío importante para el gobierno panameño. Según cifras oficiales de Migración, entre enero y octubre de este año, al menos 285.431 personas ingresaron a Panamá de manera irregular, lo que representa una reducción del 38% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 457.184 ingresos. A pesar de esta disminución, el flujo migratorio sigue siendo masivo y los venezolanos constituyen la mayoría de los migrantes, con casi 197.000 personas contabilizadas en este período.
El gobierno de Panamá ha buscado gestionar la situación migratoria a través de acuerdos internacionales. Entre estas iniciativas destaca un acuerdo firmado con la administración de Joe Biden en Estados Unidos, que facilita la deportación de migrantes irregulares desde territorio panameño a través de vuelos financiados en parte por Washington. Hasta el momento se han realizado más de 20 vuelos a países de origen, principalmente Colombia. Además, Panamá deportó recientemente a 130 inmigrantes de la India en un vuelo que también contó con el apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos.
El paso del Darién, una de las rutas más peligrosas del continente, sigue siendo el principal punto de entrada de migrantes a Panamá. Esta selva, que separa América del Sur de Centroamérica, se ha convertido en un corredor migratorio para miles de personas que huyen de difíciles situaciones económicas, políticas y sociales en sus países de origen. Aunque muchos migrantes intentan llegar a Estados Unidos, su paso por Panamá ha generado una serie de desafíos para las autoridades locales, entre ellos problemas humanitarios y de seguridad.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Mulino son parte de un esfuerzo más amplio para reducir el tráfico irregular y fortalecer el control fronterizo. Sin embargo, estas acciones no están exentas de controversia. Grupos de derechos humanos han señalado que políticas más estrictas pueden aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, especialmente aquellos que pasan por el Darién, donde enfrentan riesgos como violencia, explotación y condiciones extremas.
Pese a las críticas, Mulino defendió la decisión de implementar estas sanciones, argumentando que son necesarias para garantizar el orden y la seguridad en el país. Según el presidente, las multas abordarán el impacto que el creciente flujo migratorio tiene sobre los recursos y la infraestructura de Panamá, al tiempo que buscarán promover el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.
El flujo migratorio en la región, impulsado por múltiples factores, continúa siendo un fenómeno complejo que involucra a varios países de América Latina y el Caribe. En este contexto, Panamá se ha convertido en un actor clave, no sólo como país de tránsito, sino también como punto estratégico para coordinar los esfuerzos regionales encaminados a gestionar la migración. Cifras recientes muestran que, aunque el número de migrantes ha disminuido, la presión sobre el país sigue siendo considerable, especialmente en áreas como la atención humanitaria y la gestión de la seguridad fronteriza.
Con la implementación de estas multas y la deportación de migrantes irregulares, el gobierno espera reducir aún más el flujo migratorio mientras trabaja en colaboración con países vecinos como Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, el desafío persiste y las autoridades tendrán que equilibrar la necesidad de mantener el control fronterizo con la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan su territorio. El Darién, en particular, seguirá siendo foco de atención, ya que representa no sólo un paso migratorio, sino también un símbolo de las dificultades que enfrentan miles de personas en su búsqueda de un futuro mejor.