Panamá ha registrado una reducción en el ingreso de migrantes irregulares por su frontera con Colombia en lo que va de 2024. Según Jorge Gobea, director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), cerca de 9.000 personas menos han cruzado de manera irregular. este año respecto al mismo periodo de 2023. Durante una conferencia de prensa, Gobea atribuyó esta disminución a las nuevas medidas implementadas en zonas fronterizas, tanto terrestres como marítimas, en las regiones de Darién y Guna Yala.
Según cifras oficiales proporcionadas por el Senafront, más de 212.000 migrantes han ingresado irregularmente a Panamá en lo que va de 2024. Solo en el mes de julio, más de 11.000 personas cruzaron la frontera por rutas no autorizadas. Sin embargo, Gobea no precisó la fuente exacta de la cifra que sustenta la diferencia de 9.000 migrantes mencionada en su comunicado. Una revisión de datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá muestra que, hasta julio de 2023, alrededor de 252.000 personas habían ingresado al país de manera irregular, lo que es consistente con la disminución anunciada.
La reducción de los flujos migratorios irregulares coincide con las medidas adoptadas por el gobierno panameño desde que José Raúl Mulino asumió la presidencia a principios de julio. Una de las acciones más destacadas ha sido la instalación de alambre de púas en al menos cinco puntos de la frontera con Colombia. El objetivo de esta medida no es frenar el paso de personas, sino redirigirlas hacia un corredor humanitario que atraviesa la peligrosa selva del Darién, una de las rutas más utilizadas por los migrantes en su camino hacia el norte.
Senafront ha insistido en que las medidas buscan proteger a los migrantes de los riesgos asociados a los cruces irregulares, como peligros naturales, criminalidad y redes de trata de personas. Gobea ejemplificó estos riesgos al narrar un caso reciente en el sector de La Bonga. Según explicó, un grupo de traficantes de personas abandonó a varios migrantes cerca de Puerto Obaldía, dejando a una familia en condiciones críticas en plena selva. Un miembro del grupo, que padecía una enfermedad, murió antes de recibir ayuda. Tropas del Senafront lograron auxiliar al resto de la familia, pero el incidente pone de relieve los peligros inherentes a estas rutas clandestinas.
Además de las medidas para garantizar la seguridad de los migrantes, el Senafront ha implementado controles más estrictos en los puntos de ingreso fronterizos. Héctor De Sedas, director de Operaciones del Senafront, señaló que las revisiones biométricas han permitido identificar a personas vinculadas con actividades delictivas. En lo que va del año se han generado alertas sobre tres individuos relacionados con grupos criminales como las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, así como un colombiano presuntamente desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, no se han revelado los nombres y detalles de las acciones tomadas contra estas personas.
La situación migratoria en Panamá es parte de un fenómeno más amplio que afecta a toda la región. Miles de personas, principalmente procedentes de países de América Latina y el Caribe, cruzan cada año territorio panameño en su intento de llegar a Estados Unidos. La selva del Darién, una de las rutas más utilizadas, es también una de las más peligrosas, debido a las condiciones extremas del terreno, la fauna silvestre y la presencia de grupos criminales que operan en la zona.
El gobierno panameño ha buscado equilibrar la necesidad de gestionar estos flujos migratorios con su responsabilidad de proteger los derechos humanos de las personas en tránsito. La creación de corredores humanitarios y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza son parte de una estrategia más amplia que incluye la cooperación internacional.
Uno de los pasos más relevantes en este sentido fue el acuerdo bilateral firmado en julio entre Panamá y Estados Unidos, que busca combatir la migración irregular en la región del Darién. Este acuerdo establece mecanismos de colaboración entre ambos países para abordar las causas estructurales de la migración y garantizar el tránsito seguro de quienes cruzan esta zona. Aunque no se han dado a conocer todos los detalles de este pacto, su implementación será clave para reducir los riesgos asociados a la migración en la región.
A pesar de los esfuerzos, los desafíos siguen siendo enormes. Las autoridades panameñas enfrentan la difícil tarea de gestionar un fenómeno migratorio que no sólo tiene dimensiones humanitarias, sino también de seguridad. Casos como el de los migrantes abandonados en Puerto Obaldía reflejan la complejidad de la situación y la necesidad de una respuesta integral que abarque la cooperación binacional, el fortalecimiento de las instituciones locales y la atención a las necesidades inmediatas de los migrantes.
Por otro lado, los controles biométricos y las alertas generadas por Senafront muestran cómo la tecnología puede ser una herramienta eficaz para identificar posibles amenazas a la seguridad. Sin embargo, también plantean dudas sobre la transparencia y el manejo de la información recopilada, especialmente en un contexto donde los derechos de los migrantes pueden estar en juego.
El impacto de estas medidas y acuerdos aún no se ha evaluado plenamente. La disminución de 9.000 migrantes reportada este año es una cifra significativa, pero no necesariamente indica una solución definitiva al problema migratorio. Las causas fundamentales que impulsan a las personas a tomar estas rutas peligrosas, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen, requieren un enfoque más amplio y coordinado a nivel regional.
En este contexto, el papel de Panamá como país de tránsito sigue siendo crucial. A medida que continúen los esfuerzos para gestionar la migración irregular, el gobierno panameño necesitará equilibrar sus responsabilidades nacionales con su compromiso internacional de proteger los derechos humanos y garantizar el bienestar de los migrantes. La situación en la frontera con Colombia no es sólo un desafío para Panamá, sino un recordatorio de la urgente necesidad de soluciones sostenibles a la crisis migratoria en toda la región.