La crisis que vive el Gobierno ha provocado que deje en suspenso el ambicioso presupuesto general para 2024, que es 20% superior al de la presente vigencia fiscal.
Y este momento es idóneo, según analistas consultados, para que se dejen a un lado los gastos políticos y se acerque a la realidad fiscal actual.
Son 32 mil 754 millones de dólares lo que contempla el presupuesto general para el próximo año, sin contar las recomendaciones que hicieron los diputados, las cuales se desconocen con precisión a la fecha, porque se realizaron sin acceso a los medios de comunicación.
No fue aprobado en sesiones ordinarias y el Gobierno tiene hasta fin de año para convocar a sesiones extraordinarias y que la Asamblea lo apruebe.
Las últimas proyecciones, antes de las protestas, indicaban que la economía iba a crecer a 6% este año.
«Eso no va a ocurrir, probablemente, pero tampoco es que vayamos a caer en recesión», señaló el economista Felipe Argote.
No obstante, el presupuesto para 2024 está por encima de la realidad de las actuales recaudaciones fiscales.’
300
millones de dólares podría ascender el presupuesto de la Asamblea en 2024, con los ajustes.
780
millones de dólares sería lo que recomendaron los diputados en ajustes al presupuesto 2024.
Así lo dijo el economista Rául Moreira, quien desconoce sobre que crecimiento económico se hizo la planificación financiera, porque el presupuesto está creciendo más rápidamente que la economía.
«Es difícil cumplir un presupuesto tan ambicioso teniendo en cuenta que en un año se cambia la administración gubernamental; podría agilizarse el gasto y no necesariamente lo que son los ingresos y las inversiones», puntualizó el experto.
Política
El punto que ha generado críticas es el alto matiz político que conlleva el presupuesto del próximo año.
Ya se cuenta con la experiencia de 2019, cuando este gobierno heredó un presupuesto que excluyó los pagos a proveedores del Estado, cuya deuda fue cercana a los $2 mil millones.
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Esta omisión del gobierno de Juan Carlos Varela provocó que la actual administración solicitara un crédito para poder cancelarle a los empresarios.
Argote planteó que antes de que estallara la actual crisis, el presupuesto debió ser ajustado por lo mínimo en $4 mil millones.
Dentro del proyecto de ley hay un renglón que permite realizar un ajuste por ese monto, si las recaudaciones y otros ingresos no llegan a cumplir lo presupuestado.
«El gobierno debe estar claro de que no es inflando presupuestos y regalando pavos y jamones cómo van a quedarse; ellos ya no tienen oportunidad», sentenció Argote.
Agregó que los gobernantes deberían ser responsables y terminar su periodo de la mejor manera, eliminando compras multimillonarias para hacer clientelismo, incluyendo reducir el presupuesto planificado para la Asamblea.
¿Qué reducir?
Además del presupuesto de la Asamblea, Argote sugiere que se comience a eliminar una considerable cantidad de exoneraciones a los ricos para que paguen impuestos.
«La gente habla de los subsidios a los pobres y no de las exoneraciones a los ricos; no puede ser que la clase media sea la única que pague impuestos«, dijo.
También hay que equilibrar los subsidios agropecuarios para que los pequeños productores tengan más oportunidades e ir eliminando, en forma paulatina, el bono solidario que parece que no se lo dan al que lo necesita, «sino al que le hace la campaña al diputado», sostuvo.
En tanto, Moreira recomienda que se le recorte a la Autoridad de Descentralización los gastos que no estén de acorde a la ley.
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