La indignación es palpable ante la decisión de la Unión Europea de mantener a Panamá en su lista de paraísos fiscales, a pesar de todas las medidas que el país ha tomado. Esta acción arbitraria, que parece más una afrenta que una decisión basada en hechos concretos, ha causado un profundo enojo en los corazones de quienes ven con impotencia cómo su país es tratado de manera desigual e injusta.
La principal fuente de irritación radica en que el sacrificio que Panamá ha realizado para cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea, sea por el gusto. Durante años, el país ha trabajado para cumplir con los estándares internacionales en un esfuerzo por ser un actor responsable en el escenario financiero mundial.
Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, la Unión Europea ha optado por mantener a Panamá en la lista de paraísos fiscales, ignorando flagrantemente los progresos realizados. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿cuál es el propósito de estas listas si cumplir con las recomendaciones y estándares internacionales no es suficiente para ser excluido?
La pérdida de competitividad que estas acciones han implicado para el país y que aún siga en la lista, es frustrante. Panamá ha tomado medidas significativas para ajustarse de acuerdo con los deseos de la UE, lo que ha tenido un impacto directo en su economía y su capacidad para atraer inversiones. Pero todo parece haber sido en vano, ya que el resultado final es que Panamá sigue siendo estigmatizado como un paraíso fiscal.
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La doble moral es evidente cuando observamos que otros países (como Irlanda por ejemplo con su tasa impositiva del 12.5% y otras ventajas fiscales), con suficientes razones, no son incluidos en estas listas. ¿Qué criterios se están aplicando de manera tan selectiva? ¿Por qué se permite que algunos países no sean incluidos en esta lista mientras que otros, como Panamá, son mantenidos en ella de manera injusta?
Es crucial recordar que la inclusión en esta lista tiene un impacto real en Panamá y su reputación en el escenario internacional. La persistencia de esta etiqueta de paraíso fiscal afecta la capacidad del país para atraer inversiones y socava sus esfuerzos por ser un actor responsable en el ámbito financiero global.
En resumen, la decisión de la Unión Europea de mantener a Panamá en su lista de paraísos fiscales es una afrenta flagrante y una muestra de doble estándar. La frustración y el enojo que esto genera son más que justificados, ya que Panamá ha demostrado su compromiso con la cooperación internacional y la buena gobernanza fiscal. Es hora de que la UE otorgue a Panamá el trato justo que merece en la comunidad internacional.